12 julio 2020

INCAPACES


No sé si a ustedes, amables lectores y lectoras, les sucede alguna vez que, ante continuas mentiras, tergiversaciones, juicios de parte, llamamientos de alarma injustificados o ataques personales contra ustedes -sea en su ámbito laboral, familiar o de relaciones- llega un momento en que piensan: “en la bajadita te espero…”. Es muy canario esto, muy ‘nuestro’; tanto lo uno como lo otro.

Hete aquí que en mayo del año pasado, tras 26 de mando único en plaza, Coalición Canaria -aún ganando pírricamente (3.000 votos de diferencia en una población votante de 100.000 y global de 150.000 largos de habitantes)- perdió la alcaldía y el gobierno de La Laguna. No lo esperaban. Algunos partidos bajamos en apoyo popular y en número de concejales y concejalas (Unidas se puede perdió 1300 votos y un concejal, por mor de una candidatura sin otro objetivo que dividir el voto a la izquierda del Partido Socialista, encabezada por un exconcejal, excandidato también de Unidas en 2015; lo que recabó esa candidatura nos habría hecho mantener nuestro status de seis ediles. Pero no pudo ser; cosas de la política…

El caso es que el Psoe lagunero, junto a Unidas y a Avante -la nueva formación de Santiago Pérez, también ´damnificada´ por la aparición de otra candidatura de otro exconcejal, en este caso expulsado por los socialistas, que quitó a los “santiaguistas” poder mantener sus tres escaños municipales, quedando sólo con dos-. Pero el ascenso del nuevo Psoe, una vez soltadas las amarras de hipotecas pasadas y en plena “ola sanchista”, posibilitó que las cuentas salieran: era posible la alternancia democrática, era factible crear una nueva corporación y un nuevo gobierno. No era un sueño, era una realidad.

Debo decir que no fue fácil, pero tampoco tan difícil como a algunos y algunas les hubiese gustado. Eran más las cosas que nos unían que las que nos podían (de hecho, así había sido hasta entonces) separar. Así que nos pusimos manos a la obra y, en apenas 20 días mal contados logramos elaborar un programa de gobierno y firmar un acuerdo que nos llevaría a propiciar lo que una gran parte de la ciudadanía lagunera deseaba desde hacía mucho tiempo: un gobierno municipal progresista y libre de ataduras con ciertos poderes fácticos que no hace falta que nombre, pero que están en la mente de muchos y muchas. Y dirán ustedes: “pues muy bien, ya está ¿no?”. Pues no, qué va.

Desde los primeros compases (incluso antes del Pleno de constitución) los hoy antiguos gestores municipales enseñaron sus dientes ante la pérdida del poder. ¿Recuerdan aquello de “acudir al pleno para hacerse notar” como mensaje a sus afiliados y simpatizantes? Pero no quedó ahí la cosa, no. Detrás de los discursos trufados de mensajes manidos de “lucha por los laguneros”, “velar por nuestras tradiciones” y demás parafernalia dialéctica al uso (al suyo, claro) se escondía una no-tan-velada intención de derribar al gobierno recién constituido. Aún hoy, después de casi trece meses, siguen en el empeño; algo, por cierto, digno de encomio, pero fútil e inútil.

Para ello no han cejado en desprestigiar la labor del gobierno, llegando incluso a criticar gratuitamente la gestión realizada durante el periodo de confinamiento dimanante del decreto del Estado de Alarma y su posterior desescalada, hasta llegar a esta nueva normalidad a la que todos y todas aún estamos aprendiendo a interiorizar y asumir. Todo estaba mal: cuando se colaboraba con los colegios para el reparto de materiales entre su alumnado, porque no había suficiente (siempre según sus “expertos” de cabecera); cuando se realizaban atenciones masivas a personas en riesgo de exclusión, porque eran insuficientes; cuando se ayudaban a los comercios en la vuelta paulatina a su actividad, porque no se les ofrecían suficientes medios; cuando se promovía la compra de material informático para que las familias menos favorecidas pudieran adherirse a teletrabajo y sus menores pudiesen conectarse a las redes de sus colegios para seguir sus estudios, porque no se repartían a todos los que lo pedían… Sólo les faltó decir que las ingentes cantidades de menús diarios que se repartieron entre la gente más necesitada “llegaban fríos”… Tan sólo por incordiar.

El caso, estimados lectores y lectoras, era embarrar la acción del gobierno municipal, poner piedras donde -por responsabilidad política- debieran allanar, poner trabas donde no las hubiera, atravesar palos en las ruedas del trabajo en el ayuntamiento. Todo valía, con tal de ensuciar (o intentarlo) al equipo de gobierno; y si, de paso, podían crear desunión en el mismo, pues oye…, mejor que mejor. Dirán algunos de ustedes :”oiga, que ellos presentaron casi 100 propuestas para ayudar a la reconstrucción social y económica de La Laguna”. Pues sí -contestaré-, de las cuales más del 60% ya se estaban llevando a cabo y casi un 25% no eran competencias que pudiésemos asumir legalmente, al ser de ámbito insular o autonómico. Quedan, por tanto un exiguo 15% que se desmadejaba como galletas en el caféyleche en cuanto se hacían los cálculos económicos correspondientes. Pero el caso era seguir “haciéndose notar”…

No voy a extenderme -por respeto a ustedes y a su paciencia- en otras ‘acciones de oposición’ en asuntos de seguridad, desinfecciones viarias, creación de circuitos deportivos, control preventiva de accesos a playas y piscinas, y muchas otras iniciativas puestas en marcha: todas estaban mal o se tenían que haber hecho mejor, en una suerte de código de ‘Comando Aposteriori”; muy canario, eso sí.

Pero las críticas más radicales, más encarnizadas, menos respetuosas con las personas se han centrado en las concejalías que han asumido los y las concejales de Unidas. Y en Santiago Pérez, claro. Es una fijación, una obsesión compulsiva e irredenta, una dinámica perfectamente establecida que se ha convertido en un mantra. Además, ha ido por periodos: empezó con la gestión en Deportes, donde la deuda acumulada con Endesa hizo que hubiera cortes de luz en las instalaciones deportivas, hasta que se logró arreglar. Siguió con la Noche en Blanco, con facturas impagadas de dos años atrás que hicieron peligrar la edición de 2019, aunque fue ésta la única ocasión en años en que los participantes cobraron su dinero en tiempo y forma. Después le tocó el turno a Valle Colino, donde se puso en cuestión la inversión de 40.000 euros para ampliar sus instalaciones para acoger a los animales que no podían ser cuidados por sus dueños durante la pandemia. Sigo: ya comenté algunos episodios del área de Bienestar Social, cuyo personal -político y funcionarial-se ha desvivido en estos últimos meses para dar respuesta a tantas familias carentes de recursos que no lo estaban por culpa del virus -al menos, no por el Covid19-, sino por otra pandemia mucho más grave: la pobreza y la exclusión, que salió a flote desde la zona ocultada donde se encontraba. El anecdotario se adereza con el urbanismo táctico puesto en marcha en Heraclio Sánchez, los arreglos pendientes en colegios o las modificaciones presupuestarias para pagar deudas acumuladas de años anteriores (como en el OAAM o en Fiestas). Mención aparte merece su oposición (en forma de abstención, pues no les quedó más remedio) a que se establezca, por fin, un control en la “política” de cesiones de espacios y edificios públicos a particulares que, en los últimos tiempos -pongamos diez años, para no ir más atrás-, no contaban con las autorizaciones legales, las garantías de conservación y uso necesarias o la indefectible justificación. Vamos…, que se daban de manera arbitraria y fuera de toda equidad (por no decir otra cosa algo más gráfica). Ya, por último, la gestión de la Estrategia DUSI de La Cuesta-Taco: una subvención europea millonaria que fue gestada por el anterior gobierno y en la que -por mucho que lo digan y repitan- no tenía en mayo de 2019 ningún proyecto concretado para realizar ni, mucho menos, ningún cálculo económico, proyecto redactado, licitación preparada ni nada que se le parezca.

Faltaron a la verdad cuando aseguraron al Ministerio de Hacienda que contaban con los medios propios para llevar a cabo las actuaciones que se demandaban; un ayuntamiento vaciado de personal en el que la única solución era volver a contratar externamente -como en el Plan Urban- para solventar carencias manifiestas. Pero no cuentan que la Edusi no admite esa opción, mayormente, por razones impuestas de reparto presupuestario. Faltan a la verdad cuando aseguran que existe un riesgo de “tener que devolver” el dinero (15 millones del ala), cuando ese dinero no está en poder del ayuntamiento, sino que será transferido toda vez se vayan cumpliendo las inversiones en cada capítulo. Es decir: hay que prever esos fondos para invertirlos y que después sean transferidos de vuelta. Ello, como muchos de ustedes entenderán, es una cuestión no menor. Máxime cuando en el año que ha pasado se ha tenido que pagar o negociar el pago de facturas atrasadas, como la ya comentada de Endesa o la que se tiene con Titsa (nada menos que 5 milloncejos de nada, la mitad de los cuales ya tenía sentencia en firme a favor de la empresa pública de transporte cuando llegamos al ayuntamiento), entre otras muchas de diverso calibre. Eso sí…: DEJAMOS EL AYUNTAMIENTO SANEADO”. Hombre, así saneo yo también: pago deudas a los bancos y mientras dejo a deber a los proveedores. Muy “nuestro” todo.

Quiero dejar claro que la EDUSI es prioridad de este equipo de gobierno, de este concejal y de la plantilla de profesionales de este ayuntamiento. Por primera vez, en noviembre de 2019, conocieron lo que era y significaba el EDUSI; muchos y muchas era la primera ocasión en que escuchaban ese acrónimo. ¿Cómo puede decir Coalición Canaria que ya habían hablado con todas las áreas municipales y que se tenía el plan de proyectos ultimado? ¿Dónde están esos proyectos, esas fichas económicas, esas licitaciones? ¿O es que no existieron nunca, más que en la mente de algunos responsables y de sus “allegados”? ¿Les pasó igual que con el “proyecto fantasma” para la nueva construcción del Instituto Padre Anchieta, que mostraron a diestro y siniestro a la comunidad educativa del centro, pero que nunca tuvo ni licitación, ni adjudicación, ni ficha presupuestaria, ni nada de nada?

Este gobierno, y este grupo municipal, tendremos muchas cosas perfectibles; pero lo que no tenemos son hipotecas ni deudas políticas con terceros. Por eso, cualquier acción que acometemos lo hacemos con las cartas boca arriba, proponiendo y escuchando lo que la ciudadanía nos dice e intentando atender en la medida de lo posible sus demandas. En mi caso particular, mi “incapacidad” -como se han atrevido a afirmar-no es ni mayor ni menor que cualquiera de los concejales y concejalas que se han sentado, se sientan o se sentarán en el salón de Plenos. Y, tan sólo por respeto a la gente de La Laguna, en el momento en el que yo considere que fuese necesario poner mi responsabilidad a disposición del Alcalde, o bien percibiese que no tengo su total confianza como hasta ahora, no me dolerían prendas para hacer lo que deba hacer. Pero ese momento no ha llegado -y confío en que no llegará-; estoy muy orgulloso del trabajo realizado por todas las áreas, sin excepción, en aras de sacar adelante un gran proyecto como este. No soy inmune a las críticas; cuando son lógicas, fundamentadas y, sobre todo, constructivas, las asumo. Pero cuando se realizan sin datos fehacientes y se hacen por el simple hecho de dañar al adversario político, abomino de ellas. Simplemente, me repugnan y me entristecen.

El impasse producido por los efectos de contención de la pandemia y las consecuencias sociales y económicas de la misma no han sido obstáculo para seguir trabajando en este sentido. En breve se presentará la batería de propuestas y proyectos elaborada conjuntamente, con el fin de someterla al conocimiento y participación de la ciudadanía de ambos barrios. Tomaremos nota de sus observaciones, intentaremos incluir sus propuestas e iniciativas, les invitaremos a involucrarse en la Estrategia y lograremos llevarla a cabo en tiempo récord. No olvidemos que la frontera de diciembre de 2023 está muy cerca; pero las acciones previstas son factibles de llevarse a cabo en tiempo y forma.

Sólo quiero trasmitirles, para terminar, que no pedimos otra cosa que no sea que nos dejen trabajar; que, por mucho que les pueda doler -que lo entiendo, de verdad- que sean otros quienes desarrollen lo que ellos consiguieron para La Laguna, que piensen en el bien común antes que en sus propios intereses partidistas y que apoyen (no acríticamente, por supuesto) las labores del gobierno sin entrar en descalificativos personales que lo único que consiguen es enfangar la vida pública y lograr el efecto contrario al que persiguen. Si de verdad se creyeran que en 2023 pueden volver al poder municipal y que les tocará terminar lo que nosotros y nosotras comenzamos, deberían tener todos los datos para continuar la tarea y no hacer suyo aquel slogan -parafraseando al exministro popular que se lo transmitió a su diputada-: “dejemos caer La Laguna, que ya la levantaremos nosotros”. No pueden ser tan inconscientes. Por su propio bien y por el bien de esa gente a la que dicen defender y abanderar.

04 octubre 2015

NO SE PUEDE SER DEMÓCRATA CON QUIEN NO LO ES


Con esta frase resumía el entonces diputado del Partido Socialista -entonces Obrero Español- por Cáceres Pablo Castellano Cardalliaguet la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, a su salida del Congreso la mañana del día 24. Y este pensamiento en voz alta creo –estoy convencido- fue una suerte de mantra en toda su extensa vida política. Y para mí, también.

Elegido diputado por el PSOE extremeño en 1977 (Cortes Constituyentes 77-79), 1979 (I Legislatura 79-82) y 1982 (II Legislatura 82-86), abandonó la nueva disciplina correveidilesca del que había sido su partido desde la clandestinidad de 1966 y se unió a la recién nacida Federación de Izquierda Unida; por algo sería… Con esta formación volvió al Congreso como diputado en dos legislaturas más (1989-93, IV Leg. y 1996-2000, VI Leg.).

Ser demócrata no es sólo acatar leyes –si éstas son democráticas-; ser demócrata es estar dispuesto a batallar, aún duramente, para que quienes opinan distinto también puedan expresar sus convicciones con total libertad y garantía jurídica y personal. Por eso es inentendible desde una óptica estrictamente democrática lo que está pasando hoy en nuestro país. Un país secuestrado, tomado por las armas policiales, en estado de excepción permanente, donde las leyes no se aprueban por acuerdo, consenso o negociación previa sino a golpe de decreto; y eso en el mejor de los casos…: cuando ni existe ley que ampare, ni decreto que obligue, ni norma que avale, ni siquiera bando que limite, aparece el sacrosanto “instinto gubernativo”, un dogma no escrito que implica que cualquier otra fuente legal de convivencia democrática queda supeditada a criterios exclusivamente partidarios, cuando no personales.

Así, podemos ver que, por encima de recortes en servicios básicos, de ataques a los derechos laborales y sindicales, de manifestaciones –como poco- desafortunadas de personalidades a quienes se les debería suponer unos criterios algo más elevados que los planteamientos “de coeficiente 80” que esgrimen, de decisiones ministeriales sesgadas de sectarismo, por encima, digo, de todas las penurias que diariamente aquejan a una ciudadanía ajena a las luchas partidistas, hay gente que –como en la famosa canción de los onubenses Jarcha- “tan sólo pide vivir su vida, sin más mentiras y en paz”.

Ya se trata sólo –o casi- de eso: vivir en paz, en democracia, en solidaridad, en respeto, en libertad; sabedores que nuestra salud esté bien vigilada y atendida, que nuestros hijos e hijas reciban la mejor educación posible, que nuestros mayores alcancen el trato digno que sus canas y achaques demanden, que nuestros jóvenes sean tenidos muy en cuenta en las decisiones a futuro. “A qué más”, cantaba Silvio Rodríguez.

Pero hete aquí que en poco menos de tres años, este país, próspero aunque aquejado en su columna vertebral del malempleado capitalismo salvaje, en lugar de convertirse en baluarte de la defensa a ultranza de las personas ha pasado a ser un fortín inexpugnable llevado con la mano dura de un poder omnímodo, “legitimado” por unas urnas injustas, que amén de optar por políticas neoliberales de contención del gasto público –aunque olvidándose de perseguir el fraude fiscal, por poner un ejemplo- ha comenzado una especie de “reconquista” de un territorio que antes interpretaban como “suyo” y que ahora ven como “un nido de rojos violentos, antisistemas anarquistas, perroflautas piojosos, o terroristas sociales”. Y cuales Don Pelayos del Neocon, no dudan en aplastar, aniquilar, demoler y hundir todos los derechos conseguidos. Incluso los consagrados en su sacrosanta Constitución de 1978; esa intocable, salvo que el FMI diga lo contrario, claro…

La coronación del nuevo rey ha sido el penúltimo aldabonazo a esta exigua democracia. Desde antes de la celebración del evento, negando la posibilidad de un pronunciamiento popular sobre la forma de gobierno que desean los ciudadanos y ciudadanas, hasta el momento mismo, con la persecución anticonstitucional y totalmente discrecional de las personas que pudieran no estar de acuerdo con aquel. Hemos visto fotos y vídeos de cargas, identificaciones y registros “aleatorios” a viandantes, detenciones, prohibiciones al libre tránsito…, por mor de decisiones gubernamentales unilaterales y evidentemente ilegales. También las “explicaciones” de los sindicatos policiales que echan mano del cumplimiento de órdenes como excusa a acciones que saben de sobra que fueron ajenas a la legalidad. Qué más da…: ¿quién a va tomarse la molestia de denunciar estos hechos y, encima, pagar las tasas judiciales obligatorias? “Esa chapita con la bandera republicana puede molestar a alguien”, explica condescendiente un policía a una joven, sin plantearse la evidente molestia que a dicha ciudadana podría provocarle las balconadas y viales engalanados con la rojigualda; máxime si pensamos que están pagadas con dinero público. Si al menos la selección hubiera ganado algún partido…

Por eso, ha llegado el momento de plantearse seriamente si es esta la democracia que queremos –para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros abuelos- o si deberemos EMPEZAR YA a cambiar cosas. Las elecciones son una fórmula idónea para intentar rehabilitar el deshilachado Estado de Derecho que está dejando el actual gobierno en menos de una legislatura, pero no la única. Cuando un poder no escucha -al menos- a sus opositores, cuando hace oídos sordos a la ciudadanía, cuando solamente escucha por el oído derecho (como con las distintas asociaciones de víctimas del terrorismo o como con los poderes eclesiásticos y la sociedad laica), cuando ocurren casos como la expulsión de una diputada –y, por tanto, de los ciudadanos y ciudadanas a quienes representa- de un parlamento por el mero hecho de denunciar las corruptelas del poder, cuando las burlas condescendientes y zafias de representantes institucionales se ceban con los débiles, los maltratados por la crisis y sus portavoces, cuando el dogmatismo ciega el ojo del bien común y abre sólo el del beneficio particular, el diálogo está quebrado.

Y es entonces cuando la ciudadanía demanda acciones concretas, aunque sea con los escasos medios con los que se dispone. Desde cualquier ámbito se debe dejar constancia de que, como cantaba Serrat “entre esos tipos y yo hay algo personal”. Por eso creo que hay que poner manos a la obra para intentar comenzar la reconstrucción democrática desde ahora. Pongo algunos ejemplos que, aunque limitados por el consabido “miedo vital” –a perder el trabajo, a ser señalado por la calle, a cosechar improperios, a instar denuncias…- son susceptibles de ponerse en práctica de manera inmediata.

1.- Sindicatos mayoritarios: ruptura de cualquier tipo de contacto, negociación o preacuerdo con el gobierno, sus representantes o los cargos públicos del partido que lo sustenta; instar a la CSI, a la CES y a la OIT a que emitan sendas resoluciones de repulsa al trato antisindical del gobierno y del partido que lo sustenta y de apoyo al sindicalismo de clase español.

2.- Corporaciones locales, insulares, provinciales y autonómicas: veto unánime a cualquier iniciativa proveniente de las bancadas del partido Popular; retirada de palabra; ausencia de plenos y comisiones cuando intervengan sus representantes.

3.- Medios de comunicación: boicot a las ruedas de prensa, actos, presentaciones y demás actos convocados por el gobierno o por instituciones gobernadas por el partido Popular.

4.- Mundo de la Educación y la Cultura: no creo que haga falta decir nada: tienen todos los argumentos para posicionarse del lado de la libertad de cátedra, de creación y de denuncia.

5.- Movimientos sociales: desde la PAH, pasando por Greenpeace o Amnistía Internacional, los YayoFlautas, las Mareas, los colectivos LGTBI, las plataformas por las Pensiones Públicas, el 15M…: hay que trasladar a la opinión pública global lo que pasa en España, hay que hacer partícipe a comunidad internacional de las acciones antidemocráticas del gobierno, hay que visibilizar sus ataques a la convivencia democrática en la prensa extranjera.

Se acabaron las medias tintas. Si no son demócratas, no podemos –no debemos- tratarles como tales: hoy por hoy son el enemigo. Parece mentira, pero el caudillismo aznarista, visto con perspectiva temporal, no llega ni a la suela del zapato a este nuevo nepotismo de no-ilustrados, de aristócratas barriobajeros, de insignes ignorantes, de meapilas confesos, de casposos hasta la médula, de cañís a decir basta. Estamos gobernados por jefecillos de segunda con ínfulas de directores generales adjuntos, por incompetentes retrógrados, por locuaces embusteros, por piratas de aguadulce. No saben lo que significa la democracia y no les interesa saberlo: a ellos así les va bien, les vale. Pero a nosotros y nosotras no nos puede valer.

Lo que está en juego no es ya ni la democracia, ni el estado de Derecho, ni la justicia social; lo que está en juego es nuestra propia vida, nuestra dignidad como personas libres, nuestro derecho a decidir y a que nuestras decisiones sean ley. Y sólo esperando a las próximas elecciones no lo vamos a conseguir. Por otra parte, leyes como la llamada “Ley Mordaza” o la de “Seguridad Nacional” son perfectos instrumentos represivos; es decir: no están hechas para proteger al pueblo, sino para ‘protegerse del pueblo’.

Pablo Castellano me enseñó, con una sola frase, la esencia de la libertad y de la dignidad. No podemos obligar a nadie a comportarse democráticamente, a convertirse en demócrata, a ejercer como tal. Pero tampoco estamos obligados a hacerlo nosotros y nosotras cuando nos encontramos frente a la ignominia más rastrera y a la chabacanería política en manos de calamitosos personajes con faz de cartón piedra y actitudes filofascistas.

“A galopar, hasta enterrarlos en el mar”, escribió Rafael Alberti. Galopemos juntos. Pero galopemos…

20 junio 2014

NO SE PUEDE SER DEMÓCRATA CON QUIEN NO LO ES




Con esta frase resumía el entonces diputado del Partido Socialista -entonces Obrero Español- por Cáceres Pablo Castellano Cardalliaguet la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, a su salida del Congreso la mañana del día 24. Elegido diputado por el PSOE extremeño en 1977 (Cortes Constituyentes 77-79), 1979 (I Legislatura 79-82) y 1982 (II Legislatura 82-86), abandonó la nueva disciplina correveidilesca del que había sido su partido desde la clandestinidad de 1966 y se unió a la recién nacida Federación de Izquierda Unida; por algo sería… Con esta formación volvió al Congreso como diputado en dos legislaturas más (1989-93, IV Leg. y 1996-2000, VI Leg.). Y este pensamiento en voz alta creo –estoy convencido- fue una suerte de mantra en toda su extensa vida política. Y para mí, también.

Pablo Castellano
Ser demócrata no es sólo acatar leyes –si éstas son democráticas-; ser demócrata es estar dispuesto a batallar, aún duramente, para que quienes opinan distinto también puedan expresar sus convicciones con total libertad y garantía jurídica y personal. Por eso es inentendible desde una óptica estrictamente democrática lo que está pasando hoy en nuestro país. Un país secuestrado, tomado por las armas policiales, en estado de excepción permanente, donde las leyes no se aprueban por acuerdo, consenso o negociación previa sino a golpe de decreto; y eso en el mejor de los casos…: cuando ni existe ley que ampare, ni decreto que obligue, ni norma que avale, ni siquiera bando que limite, aparece el sacrosanto “instinto gubernativo”, un dogma no escrito que implica que cualquier otra fuente legal de convivencia democrática queda supeditada a criterios exclusivamente partidarios, cuando no personales.

Así, podemos ver que, por encima de recortes en servicios básicos, de ataques a los derechos laborales y sindicales, de manifestaciones –como poco- desafortunadas de personalidades a quienes se les debería suponer unos criterios algo más elevados que los planteamientos “de coeficiente 80” que esgrimen, de decisiones ministeriales sesgadas de sectarismo, por encima, digo, de todas las penurias que diariamente aquejan a una ciudadanía ajena a las luchas partidistas, hay gente que –como en la famosa canción de los onubenses Jarcha- “tan sólo pide vivir su vida, sin más mentiras y en paz”.

Ya se trata sólo –o casi- de eso: vivir en paz, en democracia, en solidaridad, en respeto, en libertad; sabedores que nuestra salud esté bien vigilada y atendida, que nuestros hijos e hijas reciban la mejor educación posible, que nuestros mayores alcancen el trato digno que sus canas y achaques demanden, que nuestros jóvenes sean tenidos muy en cuenta en las decisiones a futuro. “A qué más”, cantaba Silvio Rodríguez.

Pero hete aquí que en poco menos de tres años, este país, próspero aunque aquejado en su columna vertebral del malempleado capitalismo salvaje, en lugar de convertirse en baluarte de la defensa a ultranza de las personas ha pasado a ser un fortín inexpugnable llevado con la mano dura de un poder omnímodo, “legitimado” por unas urnas injustas, que amén de optar por políticas neoliberales de contención del gasto público –aunque olvidándose de perseguir el fraude fiscal, por poner un ejemplo- ha comenzado una especie de “reconquista” de un territorio que antes interpretaban como “suyo” y que ahora ven como “un nido de rojos violentos, antisistemas anarquistas, perroflautas piojosos, o terroristas sociales”. Y cuales Don Pelayos del Neocon, no dudan en aplastar, aniquilar, demoler y hundir todos los derechos conseguidos. Incluso los consagrados en su sacrosanta Constitución de 1978; esa intocable, salvo que el FMI diga lo contrario, claro…

La coronación del nuevo rey ha sido el penúltimo aldabonazo a esta exigua democracia. Desde antes de la celebración del evento, negando la posibilidad de un pronunciamiento popular sobre la forma de gobierno que desean los ciudadanos y ciudadanas, hasta el momento mismo, con la persecución anticonstitucional y totalmente discrecional de las personas que pudieran no estar de acuerdo con aquel. Hemos visto fotos y vídeos de cargas, identificaciones y registros “aleatorios” a viandantes, detenciones, prohibiciones al libre tránsito…, por mor de decisiones gubernamentales unilaterales y evidentemente ilegales. También las “explicaciones” de los sindicatos policiales que echan mano del cumplimiento de órdenes como excusa a acciones que saben de sobra que fueron ajenas a la legalidad. Qué más da…: ¿quién a va tomarse la molestia de denunciar estos hechos y, encima, pagar las tasas judiciales obligatorias? “Esa chapita con la bandera republicana puede molestar a alguien”, explica condescendiente un policía a una joven, sin plantearse la evidente molestia que a dicha ciudadana podría provocarle las balconadas y viales engalanados con la rojigualda; máxime si pensamos que están pagadas con dinero público. Si al menos la selección hubiera ganado algún partido…

Por eso, ha llegado el momento de plantearse seriamente si es esta la democracia que queremos –para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros abuelos- o si deberemos EMPEZAR YA a cambiar cosas. Las elecciones son una fórmula idónea para intentar rehabilitar el deshilachado Estado de Derecho que está dejando el actual gobierno en menos de una legislatura, pero no la única. Cuando un poder no escucha -al menos- a sus opositores, cuando hace oídos sordos a la ciudadanía, cuando solamente escucha por el oído derecho (como con las distintas asociaciones de víctimas del terrorismo o como con los poderes eclesiásticos y la sociedad laica), cuando ocurren casos como la expulsión de una diputada –y, por tanto, de los ciudadanos y ciudadanas a quienes representa- de un parlamento por el mero hecho de denunciar las corruptelas del poder, cuando las burlas condescendientes y zafias de representantes institucionales se ceban con los débiles, los maltratados por la crisis y sus portavoces, cuando el dogmatismo ciega el ojo del bien común y abre sólo el del beneficio particular, el diálogo está quebrado.

Y es entonces cuando la ciudadanía demanda acciones concretas, aunque sea con los escasos medios con los que se dispone. Desde cualquier ámbito se debe dejar constancia de que, como cantaba Serrat “entre esos tipos y yo hay algo personal”. Por eso creo que hay que poner manos a la obra para intentar comenzar la reconstrucción democrática desde ahora. Pongo algunos ejemplos que, aunque limitados por el consabido “miedo vital” –a perder el trabajo, a ser señalado por la calle, a cosechar improperios, a instar denuncias…- son susceptibles de ponerse en práctica de manera inmediata.

1.- Sindicatos mayoritarios: ruptura de cualquier tipo de contacto, negociación o preacuerdo con el gobierno, sus representantes o los cargos públicos del partido que lo sustenta; instar a la CSI, a la CES y a la OIT a que emitan sendas resoluciones de repulsa al trato antisindical del gobierno y del partido que lo sustenta y de apoyo al sindicalismo español.

2.- Corporaciones locales, insulares, provinciales y autonómicas: veto unánime a cualquier iniciativa proveniente de las bancadas del partido Popular; retirada de palabra; ausencia de plenos y comisiones cuando intervengan sus representantes.

3.- Medios de comunicación: boicot a las ruedas de prensa, actos, presentaciones y demás actos convocados por el gobierno o por instituciones gobernadas por el partido Popular.

4.- Mundo de la Educación y la Cultura: no creo que haga falta decir nada: tienen todos los argumentos para posicionarse del lado de la libertad de cátedra, de creación y de denuncia.

5.- Movimientos sociales: desde la PAH, pasando por Greenpeace o Amnistía Internacional, los YayoFlautas, las Mareas, los colectivos LGTBI, las plataformas por las Pensiones Públicas, el 15M…: hay que trasladar a la opinión pública global lo que pasa en España, hay que hacer partícipe a comunidad internacional de las acciones antidemocráticas del gobierno, hay que visibilizar sus ataques a la convivencia democrática en la prensa extranjera.

Se acabaron las medias tintas. Si no son demócratas, no podemos –no debemos- tratarles como tales: hoy por hoy son el enemigo. Parece mentira, pero el caudillismo aznarista, visto con perspectiva temporal, no llega ni a la suela del zapato a este nuevo nepotismo de no-ilustrados, de aristócratas barriobajeros, de insignes ignorantes, de meapilas confesos, de casposos hasta la médula, de cañís a decir basta. Estamos gobernados por jefecillos de segunda con ínfulas de directores generales adjuntos, por incompetentes retrógrados, por locuaces embusteros, por piratas de aguadulce. No saben lo que significa la democracia y no les interesa saberlo: a ellos así les va bien, les vale. Pero a nosotros y nosotras no nos puede valer.

Lo que está en juego no es ya ni la democracia, ni el estado de Derecho, ni la justicia social; lo que está en juego es nuestra propia vida, nuestra dignidad como personas libres, nuestro derecho a decidir y a que nuestras decisiones sean ley. Y sólo esperando a las próximas elecciones no lo vamos a conseguir.

Pablo Castellano me enseñó, con una sola frase, la esencia de la libertad y de la dignidad. No podemos obligar a nadie a comportarse democráticamente, a convertirse en demócrata, a ejercer como tal. Pero tampoco estamos obligados a hacerlo nosotros y nosotras cuando nos encontramos frente a la ignominia más rastrera y a la chabacanería política en manos de calamitosos personajes con faz de cartón piedra y actitudes filofascistas.

“A galopar, hasta enterrarlos en el mar”, escribió Rafael Alberti. Galopemos juntos. Pero galopemos…

20 junio 2013

protesta musical


DENUNCIAMOS:

• La inflexibilidad del sistema fiscal que no tiene en cuenta las rentas irregulares de los músicos, artistas y autores.
• La falta de apoyo por parte de las instituciones, tanto para l@s artistas como para promotores y gestores de cultura, para mantenerla viva y para resolver esta problemática actual.
• La repentina ejecución masiva de inspecciones y sanciones sin previo aviso.
• La negación de la oficina de inspección de trabajo, a la solicitud de una moratoria. Pedimos un plazo de tiempo para que l@s artistas y dueños de salas podamos buscar y decidir la manera viable, más justa y rentable de regularizar nuestra actividad, sin tener que suspenderla hasta dar con la solución.
• A los gerentes de locales que se desentienden de la responsabilidad de resolver nuestra contratación para su empresa, aquellos que balancean con nosotros las pérdidas pero no los beneficios.
• La retribución tan infíma que se aporta a cambio de un inmenso trabajo.
• Que el “régimen general de artistas” creado en el año 1985 es obsoleto e injusto.

DECLARAMOS:

• Que hemos comenzado un trabajo colectivo de asesoramiento y debate porque estamos decidid@s y forzad@s a encontrar o crear una alternativa.
• Que la cultura debería agradecerse, reforzarse, potenciar e impulsar mientras la realidad, es que la están aniquilando.
• Queremos y necesitamos una cultura viva, libertad de creación y poder compartir lo creado. Vamos a conseguirlo.